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Desde el Gobierno Abierto al Estado Abierto en América Latina y el Caribe

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Uno de los principales desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que permitan promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas (Objetivo de Desarrollo Sostenible 16). En este contexto, el paradigma del gobierno abierto constituye un medio de referencia y un eje fundamental para cumplir los Objetivos de la Agenda 2030. El propósito de esta obra pionera es contribuir al debate emergente sobre el tránsito hacia un Estado abierto por medio de múltiples miradas provenientes de la propia CEPAL y de representantes de organismos multilaterales, autoridades y responsables de gobierno, expertos de reconocida trayectoria, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de la región, así como de plataformas de innovación y activismo cívico.

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Gobierno abierto: Contexto fundamental de la transparencia

La perspectiva de gobierno abierto implica considerar la convivencia democrática como un proceso participativo. Mariñez (2012) plantea que los gobiernos deben concebirse como plataformas de democracia participativa que tengan como características la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración entre los ciudadanos y los gobiernos, apoyados por las tecnologías de la información. Por supuesto, deben aplicarse modelos de gestión basados en la confianza que promuevan la responsabilidad y la ética pública de los funcionarios. El gobierno abierto implicaría “mecanismos institucionales que permita[n] a una democracia hacer de lo público lo que es del público por lo que las decisiones de este ámbito deben someterse al escrutinio de los ciudadanos, es decir, en el marco de un nivel de transparencia donde el gobierno esté dispuesto a permitir a la gente monitorear sus resultados y a participar en sus procesos de política pública” (Mariñez, 2012, pág. 6). Mariñez plantea que para el gobierno abierto se requiere una transparencia que implica un compromiso activo respecto a la información pública. En ese marco, se deberían comunicar las operaciones internas de la gestión, de manera que los actores gubernamentales colaboren poniendo a disposición datos y documentos para las necesidades del público con el objeto de evaluar la acción y el ejercicio del gobierno.

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