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Institucionalidad Social en América Latina y el Caribe

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El mundo atraviesa un período de cambios. La volatilidad del crecimiento económico, el cambio climático, la revolución tecnológica, la migración y la transición demográfica son reflejo de ello. También lo son los impactos que estos cambios generan en la realidad social y los desafíos que imponen a las políticas públicas. Continuar con los avances logrados en materia social en América Latina y el Caribe, evitar retrocesos y alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sin que nadie se quede atrás, supone que las políticas públicas asuman nuevos y mayores esfuerzos en materia de cobertura y calidad. Para ello, es fundamental contar con una institucionalidad a la altura de los desafíos presentes y futuros, que haga viables y sostenibles los logros y que garantice el ejercicio de los derechos de manera universal. En este libro se analizan elementos de la institucionalidad de las políticas sociales en la región, en particular las centradas en la protección social. Así, se discuten los principales conceptos y avances registrados a nivel regional y nacional, a partir de cuatro dimensiones analíticas complementarias: jurídico-normativa, organizacional, técnico-operativa y fiscal.

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Institucionalidad y desarrollo social: Rodrigo Martínez, Carlos Maldonado Valera

La institucionalidad de las políticas sociales ha sido desde hace mucho tiempo objeto de estudio en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y ha formado parte de las publicaciones recientes más importantes de la División de Desarrollo Social (CEPAL, 2015 y 2016b). En el documento de posición del trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión en 2016 se subraya la necesidad imprescindible de consolidar la institucionalidad existente a fin de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se destaca la persistencia de “una dinámica por sectores que fracciona el ámbito social y, más aún, lo separa del ámbito económico, así como una estructura jerárquica que subordina la institucionalidad social a las autoridades económicas” (CEPAL, 2016a, pág. 164).

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