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Derechos humanos y procesos constituyentes

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Esta nueva y emocionante publicación explora los derechos humanos en el contexto de la constitución. Señala el importante papel de los procesos participativos que deben diseñarse para garantizar que se realicen consultas con una amplia variedad de grupos de interés y partes vulnerables de las poblaciones cuando se redacte una nueva constitución. También se centra en qué derechos humanos y libertades fundamentales deben incluirse en una constitución, incluidos los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Además, aborda cómo los derechos de las mujeres, los niños, los discapacitados, las minorías y los pueblos indígenas pueden expresarse en una nueva constitución. Se utilizan ejemplos de más de cincuenta constituciones diferentes para ilustrar cómo se pueden expresar estos derechos. La publicación también explora diferentes salvaguardas institucionales para la protección de los derechos humanos, en particular el papel de los tribunales constitucionales. Por último, la publicación proporciona ejemplos de cómo los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos han formulado recomendaciones relativas a los derechos humanos al revisar las constituciones de los Estados individuales. Esta publicación será muy útil para los redactores de futuras constituciones, así como para todos aquellos que quieran garantizar que los derechos humanos estén protegidos en una nueva constitución.

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Declaración de derechos en la constitución

Uno de los criterios esenciales que deben aplicarse al redactar una declaración de derechos constitucionales o introducir reformas a la constitución es la observancia de las normas internacionales de derechos humanos. El corpus del derecho internacional de los derechos humanos ha sido extensamente desarrollado desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y tiene sus raíces en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que goza de un amplio reconocimiento como una fuente del derecho internacional consuetudinario y es, por tanto, jurídicamente vinculante. La Declaración Universal de Derechos Humanos ofrece una base normativa para la evaluación de los sistemas jurídicos, las políticas y las prácticas de todos los Estados en el marco del examen periódico universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos.

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