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Guía para la Comunidad Empresarial—El Sistema Mundial de Comercio

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Convenios comerciales, OMC, liberalización del intercambio. Versión actualizada de Guía de la Ronda Uruguay para la Comunidad Empresarial, ed. de 1995, en la que se pasa revista de los cambios que se han producido entre 1996 y 1999 – ofrece un panorama general del sistema de la OMC; explica la función de la OMC en cuanto foro de negociaciones y como una organización para la solución de diferencias comerciales; expone las reglas aplicables al comercio de bienes incorporadas en el GATT de 1994 y sus acuerdos conexos; examina las principales características del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y los compromisos conexos de los países miembros; explica las reglas aplicables a la contratación pública y al comercio de Estado; describe las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; da una idea general de las cuestiones debatidas en el marco de los seis temas relacionados con el comercio que se agregaron al programa de trabajo de la OMC; cada capítulo analiza las consecuencias que para la comunidad empresarial pueden tener las cuestiones tratadas. (Reimpresión edición 1999)

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Inspección previa a la expedición

Desde la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente, los importadores vienen utilizando los servicios de empresas de inspección independientes para certificar la calidad y la cantidad de los productos que desean adquirir. Esas inspecciones, que en la mayoría de los casos se verifican antes de la expedición y en el país de exportación, garantizan al importador que las mercancías corresponden a las características técnicas y cumplen las normas de calidad especificadas en el contrato, y que las cantidades exportadas son exactas. Los servicios de esas empresas de inspección son utilizados no sólo por compañías comerciales privadas, sino también por las empresas estatales y por los departamentos de la administración del Estado. De hecho, en muchos países los reglamentos exigen que las mercancías adquiridas por los órganos estatales sean inspeccionadas y certificadas en cuanto a calidad y cantidad por empresas de inspección independientes y competentes.

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