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Guía para la Comunidad Empresarial—El Sistema Mundial de Comercio

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Convenios comerciales, OMC, liberalización del intercambio. Versión actualizada de Guía de la Ronda Uruguay para la Comunidad Empresarial, ed. de 1995, en la que se pasa revista de los cambios que se han producido entre 1996 y 1999 – ofrece un panorama general del sistema de la OMC; explica la función de la OMC en cuanto foro de negociaciones y como una organización para la solución de diferencias comerciales; expone las reglas aplicables al comercio de bienes incorporadas en el GATT de 1994 y sus acuerdos conexos; examina las principales características del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y los compromisos conexos de los países miembros; explica las reglas aplicables a la contratación pública y al comercio de Estado; describe las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; da una idea general de las cuestiones debatidas en el marco de los seis temas relacionados con el comercio que se agregaron al programa de trabajo de la OMC; cada capítulo analiza las consecuencias que para la comunidad empresarial pueden tener las cuestiones tratadas. (Reimpresión edición 1999)

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El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El desarrollo del comercio internacional puede resultar afectado desfavorablemente cuando las normas adoptadas para la protección de los derechos de propiedad intelectual varían mucho de un país a otro. Además, la laxitud o la ineficiencia en la represión de las infracciones de esos derechos puede estimular el comercio de artículos falsificados o mercancías pirata y perjudicar con ello los intereses comerciales legítimos de los fabricantes que son titulares de esos derechos o los han adquirido. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), negociado en la Ronda Uruguay, enuncia, pues, unas normas mínimas para la protección de esos derechos, así como los procedimientos y acciones a los que se puede recurrir para hacerlos respetar. Establece un mecanismo de consulta y vigilancia a nivel internacional para velar por la observancia de esas normas por los países miembros en el ámbito nacional.

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