La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en este segundo informe conjunto actualizan la evolución de la pandemia y sus implicancias para la salud la sociedad y la economía definen escenarios potenciales de control y evolución en el corto plazo y profundizan las líneas de acción de largo plazo recomendadas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado a las necesidades de salud de la población y sus determinantes en el contexto de una recuperación transformadora.

En el presente documento se abordan el agravamiento de los riesgos y la disminución de los factores de protección ante la violencia física psicológica y sexual a la que se exponen en su hogar los adolescentes niños y —especialmente—niñas de la región durante la pandemia de COVID-19. Asimismo se ofrecen recomendaciones sobre cómo integrar acciones concretas en los mecanismos de respuesta que los Estados de América Latina y el Caribe han dispuesto para enfrentar la crisis del COVID-19.

En el presente documento se ofrece un diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad frente al impacto que el COVID-19 podría tener en ellas tomando en consideración la estructura por edad y sexo las afecciones de salud y los tipos de discapacidad que tienen el acceso a infraestructura básica y el hacinamiento que hay en sus hogares el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) la situación laboral y la educación. Por último se presentan algunas acciones nacionales que se han puesto en marcha para disminuir el impacto de la pandemia y se plantean recomendaciones para enfrentar el devastador impacto social y económico del COVID-19 en las personas con discapacidad.

La crisis sanitaria y económica sin precedentes en los últimos 100 años que sobrevino con el surgimiento del nuevo coronavirus y la enfermedad de COVID-19 ha puesto las desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social aún más en evidencia además de plantear desafíos socioeconómicos y exponer a los grupos más vulnerables de la población a riesgos y adversidades más graves de los que ya enfrentaban. Entre los grupos más vulnerables que sufren consecuencias directas de la pandemia en su calidad de vida y enfrentan desafíos respecto del cumplimiento de sus derechos están las personas mayores. Las evidencias científicas sobre la evolución de la pandemia y los factores de riesgo vinculados al COVID-19 han mostrado que las personas de todas las edades corren riesgo de contraer la enfermedad por el SARS-CoV-2. Sin embargo las personas mayores en particular las de 80 años y más tienen más probabilidades de presentar síntomas graves un agravamiento del cuadro clínico y morir. Los estudios también han dejado claro que la preexistencia de enfermedades crónicas y degenerativas constituye otro factor de riesgo asociado a la probabilidad de agravamiento y mortalidad por COVID-19 y es bien sabido que estas comorbilidades son más frecuentes entre las personas mayores. De ahí la importancia de la protección de los derechos de las personas mayores en este contexto de crisis sanitaria que deben desplegarse en dos ámbitos: por una parte el derecho a la salud que debe ser para todos sin discriminación por edad y por la otra el derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez.

La contaminación del aire representa un importante riesgo ambiental para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es responsable de 300.000 muertes al año en el continente americano y nueve de cada diez personas respiran ahora mismo aire contaminado. Los contaminantes del aire claves en relación con la salud humana y ambiental son el material particulado grueso (PM10) y el fino (PM25) el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2). Su nivel de concentración en el aire de las ciudades viene determinado por las propias condiciones ambientales de cada ciudad. Por lo tanto estas concentraciones se deben a múltiples factores y su disminución potencial no puede atribuirse solo a la reducción de la actividad y las cuarentenas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Las medidas tomadas por los gobiernos nacionales o locales de los países de la región para contener los contagios en el marco de la pandemia de COVID-19 incluyen cuarentenas confinamientos y reducción o cese de actividades económicas y han impactado en los niveles de producción y movilidad humana. Dado que anecdóticamente se ha observado una mejora de la calidad del aire en este documento se presentan los resultados de una investigación estadística sobre las concentraciones de esos tres contaminantes claves en una serie de ciudades seleccionadas de la región que albergan alrededor del 14% de la población urbana de América Latina: Bogotá Ciudad de México Lima Monterrey (México) Quito Santiago y São Paulo (Brasil) para determinar si dichas medidas han contribuido efectivamente a mejorar la calidad del aire.

América Latina y el Caribe depende en gran medida de las importaciones de productos médicos ya que menos del 4% de ellas proviene de la propia región. A la fecha más de 70 países —entre los que se incluyen cuatro de los cinco principales proveedores de la región encabezados por los Estados Unidos— han restringido sus exportaciones de productos médicos en respuesta al COVID-19. Las restricciones a las exportaciones dificultan el abastecimiento de productos esenciales para la lucha contra esta pandemia en la región. América Latina y el Caribe debería plantearse como objetivo estratégico fortalecer sus capacidades productivas en las industrias farmacéutica y de insumos y aparatos médicos de modo de enfrentar futuras crisis sanitarias en una situación de menor vulnerabilidad que la actual. Para ello es preciso aunar los esfuerzos de los sectores público empresarial y académico en el marco de una política industrial orientada a una misión. En varios países de la región se han hecho valiosos esfuerzos en esa dirección que es preciso preservar más allá de la actual pandemia.

En el contexto de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está elaborando una serie de publicaciones cortas con recomendaciones de política relevantes para este período. En la presente nota se plantean una serie de recomendaciones para la continuidad de la recopilación de la información de precios con la que se calcula el índice de precios al consumidor (IPC).

En el contexto de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está elaborando una serie de publicaciones cortas con recomendaciones de política relevantes para este período. En la presente nota se plantea una serie de recomendaciones para abordar el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad de la región.

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto de relieve de forma inédita la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las economías de la región en las que se sigue considerando una externalidad y no un componente fundamental para el desarrollo. La crisis sanitara en curso pone en evidencia la injusta organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe. Urge pensar las respuestas a las necesidades de cuidados desde un enfoque de género ya que como ha demostrado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en reiteradas ocasiones son las mujeres quienes de forma remunerada o no remunerada realizan la mayor cantidad de tareas de cuidados.