Revista de la CEPAL - Volume 1997, Issue 63, 1997

El papel del sector público en el desarrollo de los países latinoamericanos asiste a una transformación importante. El esquema de acción c intervención del Estado gestado en la posguerra culminó a comienzos de los ochenta, cuando la crisis de la deuda forzó el fin de un ciclo y el inicio de una readecuación a nuevas circunstancias. En este artículo se busca caracterizar las principales modificaciones de dicho papel y examinar las causas que determinaron el nuevo modelo de funcionamiento del sector público. Tanto durante el proceso de ajuste externo como en la fase posterior, cuando la región recobró su acceso al crédito, la disponibilidad y reacción de los mercados financieros fueron decisivas. Las conductas de los oferentes de fondos c inversores —internos y externos—han contribuido a delimitar el espacio para políticas que. tras diversos intentos y con modalidades que difieren de un país a otro, han alterado los mecanismos de la economía pública. El artículo concluye que los atributos básicos del nuevo esquema son los siguientes: el sector privado se constituye en el factor central de movilización del ahorro y la inversión y la provisión de servicios sociales —aunque con distintas formas de gestión y fi-nanciamiento—queda en la órbita pública, con creciente descentralización de la tributación y el gasto público, y premisas diferentes para el diseño del sistema tributario. I-a configuración emergente no está aún definitivamente estructurada, pero las piezas que la conforman tienen un elementos de permanencia a mediano y largo plazo. De hecho, en el modelo de economía pública conocido hasta los años óchenla se ha operado una profunda transformación.

En csic artículo se pretende hacer un recorrido por la realidad virtual del ámbito presupuestario y fiscal para identificar los posibles márgenes de libertad para lograr un mayor grado de convergencia entre el discurso político acerca de la equidad y el contenido real de las políticas públicas respecto de este objetivo. Con este propósito, se exploran posibles respuestas a cuatro intcrroganics: qué significado se atribuye actualmente al concepto de equidad: cuáles son los espacios en el ámbito tributario para ampliar los recursos y mejorar la equidad vertical; cuáles son las vías para dar prdación al objetivo de equidad en la gestión del gasto público, y cómo podría asegurarse mayor consistencia dinámica entre crecimiento y equidad. Se concluye que es posible efectuar importantes avances en materia de equidad social en el ámbito fiscal, pero que para hacerlo se necesita una decisión política de primera magnitud apoyada por políticas públicas activas en un esfuerzo serio, sostenido y consistente. Para que esta decisión no sea meramente declarativa o dicntclística, se la debe orientar al conjunto social, estableciendo explícitamente las prioridades del caso, y para evitar que se frustre, debe apoyarse en modalidades operado-nales que combinen la participación social con un uso creativo y juicioso de los instrumentos de política pública.

Las reformas a los sistemas de pensiones intentan compalibi-lizar funciones sociales y económicas. Este artículo ilustra, a partir de aspectos conceptuales y tic la experiencia chilena, las dificultades para lograr que una reforma garantice el cumplimiento de ambos tipos de funciones. Las dificultades emanan de dos consideraciones: i) la necesidad de considerar la reforma al sistema provisional en su conjunto, donde paralelo al componente de capitalización se desarrolla otro componente de reparto para financiar los costos de la transición de un sistema de pensiones a otro, las pensiones mínimas y las pensiones asistenciales; y ii) la necesidad de distinguir entre ahorro financiero y real (o nacional en el sentido de cuentas nacionales) y de estudiar el sector financiero en su capacidad de intermediar ahorro financiero hacia la inversión real. El caso chileno confirma esta apreciación. Los recursos fiscales para financiar el costo de la transición y los otros rubros del componente de reparto representan flujos superiores a los que provienen de las contribuciones de los trabajadores, lo que afecta el tamaño y la composición de los flujos netos de ahorro generados por la reforma. De otra parte, el carácter emergente de los mercados de capitales y la regulación necesaria para garantizar la protección de los fondos de pensiones de los trabajadores en un enfoque de cartera de inversiones dificultan la transformación de ese ahorro financiero en inversión real. En definitiva, si bien ambos tipos de funciones contienen objetivos deseables de las políticas públicas, la simple reforma de los sistemas de pensiones para que pasen de un sistema predominantemente do reparto hacia otros con importantes componentes de capitalización. no es garantía de que ello ocurra.

En los últimos años el tema ambiental lia acrecentado su presencia en los análisis y propuestas sobre el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Los graves procesos de desestabilización ecológica en el mundo, unidos a numerosas catástrofes y a la constante péidida de recursos naturales, han contribuido a la toma de conciencia sobre esta dimensión. En mayor o menor medida, los gobiernos de todos los países de la región han procurado reforzar las políticas ambientales a través de diversas iniciativas legales, técnicas, institucionales y económicas. No obstante, aún falta mucho para superar los déficit existentes y para que las nuevas medidas que se pongan en práctica sean realmente eficientes y eficaces. Tras la inopc-rancia que se observa en relación con el tema del medio ambiente hay problemas mucho más complejos que la mayor o menor voluntad política o el grado de eficiencia burocrática de las estructuras ambientales. Este ensayo tiene por objeto examinar la compleja generación y aplicación de las políticas ambientales en los países de la región, analizando de partida la evolución de la estructura institucional pública, para colegir algunas recomendaciones que apunten a formas más novedosas y eficientes de encarar nuevas políticas ambientales y de conformar una institucionalidad ambiental pública que pueda ayudar a generarlas.

Se realizó un inventario y análisis de 15 estudios de valoración no basada en el mercado en países de Ccntroamcnca y el Caribe. El método de valoración contingente fue el más utilizado para determinar la disposición a pagar por el agua potable o las zonas protegidas. Sus deficiencias principales eran basarse en preguntas abiertas, usar marcos de información y escenarios contingentes con escaso detalle, emplear muestras pequeñas de población y presentar los posibles sesgos cullura-les-estratégicos que se asocian con la encuesta de residentes nacionales. Por su parte, el estudio basado en el método del costo de viaje se fundó en datos censales de mala calidad y no en datos de encuestas hechas a los visitantes, así como en hipótesis poco realistas respecto al cálculo del costo de transporte. el número de visitantes con destino único y los niveles de consumo cxccdcntario de los visitantes internacionales. Los dos estudios basados en el método hedónico de valoración se vieron afectados por la existencia de segmentos de mercado vecinos heterogéneos y la incapacidad de obtener valores confiables de la propiedad. Por último, se sugirieron diversas estrategias y un programa de investigación para mejorar los estudios de valoración no basada en c) mercado en los países de Centroamérica y el Caribe.

El objeto del presente artículo es calcular un modelo macro-cconómico integrado simple para la subregión del Caribe. Utilizando una serie homogénea de datos, que comprende de 1980 a 1991 en una muestra de 12 países de la subregión, y un modelo relativamente sencillo con especificaciones no conflictivas de las relaciones estructurales, se genera un grupo representativo y sistemático de estimaciones para un determinado conjunto de parámetros en un cálculo agrupado e individual de los países.

Cuando ci modelo económico neoliberal, con cuya vigencia expira el milenio en América Latina, cumple ya algunos años de aplicación, se hace más oportuno evaluar la experiencia acumulada hasta la fecha. A esta tarea se abocan los economistas. desgranando y analizando las diversas características y componentes de los programas aplicados en los distintos países. Un aspecto a menudo descuidado en tales evaluaciones es el de la viabilidad social y política de las medidas adoptadas, que no depende sólo de la valoración técnica de ellas. La aceptación de tales medidas por los diversos sectores de la población ha pasado a ser igualmente importante, en particular tras la sustitución de regímenes militares por sistemas democráticos que obligan a tener más en cuenta la voluntad popular. Esto es lo que cabría llamar el factor “social” otalve, incluso “sicosocial”) de la reforma. Una mejor comprensión de las variables que inciden en la reacción popular ante las medidas de política económica aplicadas facilitaría la evaluación previa de sus posibilidades de éxito. Para ello se cuenta ya con un acervo de experiencia en los distintos países. Una de las más interesantes es, tal vez. la que se desprende de la reiterada aplicación del modelo en Venezuela. La variada reacción de la población de ese país a los dos programas de corte neoliberal en 1989 y 1996 bien pudiera deberse a la distinta evolución de las magnitudes reales de la economía (crecimiento del producto y empleo), pese a la similitud existente entre los desequilibrios macroeconómicos en ambos casos.

En los seis países del Istmo Centroamericano —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que integran el Mercado Común Centroamericano, mis Panamá—las exportaciones no tradicionales aumentaron en los años setenta, descendieron entre 1980 y 1986 a causa de los desequilibrios ma-croeconómicos. los conflictos armados y la crisis del Mercado Común Centroamericano, y volvieron a acrecentarse en la segunda mitad de los ochenta y los primeros años del decenio de 1990. Salvo en Nicaragua y Honduras, la participación de dichas exportaciones en las exportaciones totales se elevó, reflejando la tendencia a una modernización generalizada de la estructura de las exportaciones y a una menor vulnerabilidad délas balanzas de pagos ante fluctuaciones de precios de las exportaciones tradicionales. Sin embargo, el mejoramiento cualitativo de la composición de las exportaciones ha sido limitado. Por una parte, se ha mantenido y en muchos casos fortalecido el papel de las exportaciones no tradicionales de origen agrícola y, por otra, en ningún país se ha elevado decididamente la participación de las exportaciones industriales que hacen uso intensivo de capital humano o de tecnología. Entre los factores que más han influido en el desempeño de las exportaciones no tradicionales se hallan la inversión, el tipo de cambio real y, en el caso de Costa Rica, los incentivos fiscales. Los exportadores no tradicionales del Istmo Centroamericano y la República Dominicana han sido más sensibles que sus contrapartes tradicionales a los cambios en los precios relativos. Para promover las exportaciones, los gobiernos deben mantener tipos de cambio reales competitivos, y puesto que la magnitud de la oferta exportable depende fuertemente de la inversión, también es indispensable contar con estabilidad macroeconómica y aplicar políticas que incentiven el ahorro interno.

Los procesos de ajuste y reestructuración de los sectores productivos a un nuevo régimen de incentivos macrocconómicos son lentos, costosos y más imperfectos que lo que la teoría microeconómica convencional lleva a suponer. Los autores exploran aquí el proceso de reestructuración productiva de una firma mctalmccánica chilena, y la forma en que ella fue modificando su operatoria a partir de los años setenta, adaptándola a nuevas señales macroeconómicas y mesoeconómicas. Como se sabe, en las últimas dos décadas el régimen de incentivos y el marco rcgulatorio en el que se desenvuelve la actividad productiva chilena experimentaron una profunda transformación. Gradualmente se fue transitando —con marchas y contramarchas—hacia un modelo de organización más abierto a la competencia externa, más desregulado y con menor participación del sector público en el ámbito estrictamente productivo. En el caso de la firma aquí estudiada, pese al ya extenso pcrúxlo de apertura extema de la economía chilena y a que la firma ha alcanzado un marcado éxito en su reestructuración global, la transición hacia niveles internacionales de productividad es aún incompleta y muestra ámbitos de fragmentación y debilidad. En la primera sección del artículo se presenta el cuadro general del funcionamiento de la economía chilena en que se inscribe la historia de la empresa examinada, en la segunda se describe la evolución de la planta fabril de dicha empresa y, finalmente, en la tercera se exploran los vínculos entre lo microeconómico y lo macroeconómico y se plantean algunas retlexioncs finales derivadas de esta investigación.

La generación de ventajas competitivas dinámicas en América Latina y el Caribe no puede confiarse exclusivamente al logro de la necesaria estabilidad macroeconómica y a la inserción de parte del tejido productivo en algunos segmentos (o nichos) dinámicos en el ámbito internacional. La información empírica reciente sobre el despliegue de iniciativas de desarrollo económico local en los países desarrollados indica que es preciso acompañar las políticas de ajuste macroeconómico con otras políticas específicas a nivel microeconómico y mesoeconó-inico. Estas políticas deben incorporar a los diferentes actores territoriales, públicos y privados, en la estrategia de desarrollo a fin de asegurar la introducción de innovaciones tecnológicas y organizativas en la totalidad del tejido productivo y empresarial. que está compuesto mayoritariamente de empresas pequeñas y medianas y microempresas con poca inserción en el núcleo glohalizado de la economía mundial. De las consideraciones anteriores se desprende tamo la necesidad de promover el potencial de desarrollo endógeno, asignando la importancia debida a la dimensión territorial de la política tecnológica y a la atención a las pequeñas y medianas empresas, como la de asegurar el acceso a servicios avanzados a la producción en el entorno territorial, el afianzamiento de las redes institucionales y acuerdos de cooperación y complcrnentaricdad territoriales, y la inclusión de la sustentahilidad ambiental en la gestión local del desarrollo.