Revista de la CEPAL - Volume 1998, Issue 65, 1998

La gran desigualdad social ha sido una característica frústrame del desarrollo económico latinoamericano. No en vano América Latina se ha caracterizado por ser la región del mundo con los más elevados índices de desigualdad en la distribución del ingreso. Los niveles de pobreza, aunque inferiores a aquellos típicos de otras partes del mundo en desarrollo, siguen siendo extremadamente elevados y, para el conjunto de la región, se encuentran hoy por encima de los niveles que se observaban antes de la crisis de la deuda. Estas son las condiciones que se enfrentan hoy a los nuevos elementos que han alterado la dinámica económica y social de la región. Entre ellos cabe mencionar cuatro: las reformas estructurales emprendidas en todos los países, el proceso de globalización que las ha acompañado, la recuperación dei crecimiento económico y las nuevas reformas iniciadas en el frente del gasto social y de los servicios sociales, como parte de las llamadas reformas de “segunda generación”. Este artículo plantea algunas hipótesis sobre los efectos de estos nuevos acontecimientos sobre la pobreza y la desigualdad y analiza sus implicaciones para la política social.

El gasto público militar (GPM) se ha analizado poco en la región, principalmente por razones de orden político, las que también limitan el acceso a la información pertinente. Sin embargo, a raíz de diversos acontecimientos, empieza a ser objeto de análisis económico, tamo por los gobiernos como por los organismos multilaterales, sobre lodo en lo que se refiere a cuál es su nivel apropiado (¿cuánto es suficiente?) y su costo de oportunidad (¿cuál es su impacto económico directo e indirecto?), así como a un sistema de adquisición de armamento que sea eficaz en relación con sus costos (¿cuál es su efecto por unidad monetaria?). Según la estimación más conservadora, basada en la información oficial sobre gastos en defensa de los países en que ella está disponible, el gpm de América Latina y el Caribe llegó a 1.3% del pjb (cerca de 25 000 millones de dólares a mediados de tos años noventa, y su participación media en el gasto de los gobiernos centrales en la región alcanzó a 9.7%. Los gobiernos centrales de la región gastan un promedio de 1 dólar en defensa por cada 1.1 dólares de gasto directo en educación y 0.9 dólares en salud. Al igual que ante cualquier otro gasto público, corresponde abrir un debate sobre la eficacia y eficiencia del gpm en relación al proceso de desarrollo en general y a su impacto económico en particular. Si bien no existe una respuesta precisa a la pregunta de cómo proveer la cantidad exacta del bien público que es la defensa, su provisión excesiva representa un gasto improductivo. Es difícil justificar la importación de armamento sofisticado, si el equilibrio vecinal o regional se restablece, sólo que a un nivel de gasto más alto. Por otra parte, el costo de oportunidad del gpm es a todas luces elevado, mientras que las extemalidades positivas que genera pueden lograrse mediante otro gasto público que lleve a cabo otro servicio, más especializado.

Después de más de una década de reformas económicas y ajuste estructural en los países en desarrollo, hoy se reconoce más que el crecimiento económico y la equidad social deben ir a la par. Este artículo indaga, primeramente, en qué se entiende por equidad social. Señala que la reducción de la pobreza y la mejora de la distribución del ingreso son dos metas de política complementarias, ya que metros desigualdad puede contribuir tanto a reducir la pobreza como a acelerar el crecimiento económico. Examina los elementos principales de la teoría moderna de justicia distributiva que abarca las dimensiones éticas y económicas de la desigualdad. Pasa revista en seguida a las publicaciones recientes de carácter analítico y empírico sobre la relación entre el crecimiento, la desigualdad y el desarrollo, y sopesa si es posible lograr tanto un crecimiento económico sostenido como una reducción de la desigualdad social. El artículo considera también las políticas sociales y analiza el alcance y los límites do una estrategia de reducción de la pobreza basada en el crecimiento, la focalización de los programas sociales y la participación del sector privado en la provisión de servicios sociales, poniendo de relieve el papel de la educación, el mayor acceso al crédito, la democratización de la propiedad de activos productivos (tierra, acciones) y la participación popular en la administración de las políticas sociales como ingredientes necesarios para compatibilizar el crecimiento sostenido con la justicia distributiva.

¿Es el grado de competitividad de los países independiente de su grado de desigualdad? ¿Es la competitividad una cuestión sólo de eficiencia microeconómica y sectorial, del tipo de cambio real, o es también una cuestión social? Hasta ahora los estudios especializados han hecho abstracción del problema de la equidad en la determinación de la competitividad de los países. Pero entonces no han podido explicar plenamente la competitividad observada. En este artículo se incorpora la equidad en la función de producción y también en las decisiones de los inversionistas en un mundo de perfecta movilidad del capital. Las predicciones del sistema teórico propuesto son, en general, consistentes con los datos observados en la economía mundial. En particular, América Latina presenta el mayor grado de desigualdad entre las regiones del mundo; su participación en los flujos de la inversión extranjera directa es baja, y también lo es su participación en el comercio mundial (su competitividad). La teoría que se presenta aquí y los datos recogidos sugieren que las productividades relativas de los países dependen positivamente de la asignación de las inversiones y que esta asignación a su vez depende, también positivamente, de los grados de equidad en ellos. Luego, la competitividad de un país depende, entre otros factores, de su grado de desigualdad económica. Las sociedades compiten en el mercado de capitales, buscando atraer las inversiones privadas para así hacerse competitivas en el mercado de bienes; en esto, entre otros factores, influye su grado de equidad actual.

En la historia económica de América Latina, crecía la población y exigía nuevos empleos. Para crear nuevos puestos de trabajo era necesaria la industrialización; para industrializar había que cubrir un diferencial de productividad, Dos opciones eran factibles: i) preservar la eficiencia en la asignación, generando una importante redistribución regresiva del ingreso; y ii) perder eficiencia en la asignación manteniendo sin grandes cambios la distribución del ingreso; al escoger ésta última, los gobiernos introdujeron distorsiones permanentes en el mercado cambiario. La industrialización basada en la sustitución de importaciones llevó al estancamiento. La creciente presión sobre el mercado del trabajo pudo haber hecho descender abruptamente los salarios; en cambio, surgió el mercado informal que, gracias a su estructura competitiva monopolística, segmentó los mercados de bienes, asegurando una distribución mínima aceptable del ingreso. No hubo políticas públicas al respecto. El propio mercado generó una red de seguridad natural. Sin embargo, se sacrificó la eficiencia de asignación, introduciéndose distorsiones permanentes en el mercado del trabajo. El desarrollo financiero fue incapaz de responder a los nuevos requerimientos y la segmentación del mercado de capitales fortaleció aún más las distorsiones en el sistema de precios. 1.a política de ajuste estructural eliminó algunas de las distorsiones de precio en los mercados cambiario y de crédito. La redistribución de la propiedad a través de los años modificó los efectos redistributivos de las variaciones en los precios relativos. Sin embargo, el ajuste estructural trajo consigo una entrada de capitales que llevó a una sobrevaluación considerable del tipo de cambio, mientras la división en el mercado de trabajo persistía y afectaba a más trabajadores que antes. A su vez, la liberalización del comercio se traducía en la contabilidad de los bancos como garantías debilitadas y deudas incobrables de empresas que habían quedado desprotegidas por la baja de aranceles y el tipo de cambio sobrevaluado. El sistema de precios de mercado en este caso no entrega —ni con mucho—las señales correctas para una buena asignación de los recursos. La necesidad de ingresos sigue impulsando el crecimiento del sector informal, mientras que el capital interno y los trabajadores desconfían de la inversión externa, sin saber si es amiga o enemiga.

En este artículo se analizan las relaciones entre la competiti-vidad de una economía y las regulaciones laborales. Se argumenta que la teoría económica no es concluyente respecto del impacto de las regulaciones laborales en la compelitividad, ya que diversas corrientes sostienen posiciones contradictorias en muchos aspectos. Por otra parte, las investigaciones empíricas han mostrado la escasa relevancia de la información aportada respecto a esas presuntas vinculaciones. De lo anterior se desprenden consecuencias de política: los países tienen ante sí diversas estrategias y mayores márgenes de maniobra de lo que suele sugerirse, ya que muchas políticas destinadas a mejorar la equidad no significan necesariamente restricciones a la compctitividad. Un país puede, por tanto, elegir el nivel deseado de protección social. El mejoramiento de la competitividad se convierte, en parte al menos, en un tema de distribución del ingreso. La receta más convencional postula la reducción de la calidad de vida de los trabajadores por un período cuya extensión es difícil prever, con el fin de dotar a las empresas de ciertas condiciones iniciales que les permitan compensar las diferencias de productividad. Pero esta receta no es la única, ni es la más equitativa o eficaz. Para generar esas condiciones se pueden diseñar esquemas de redistribución del ingreso que hagan atractiva la inversión para competir internacionalmcnte, sin recurrir a nuevas erosiones de las remuneraciones de quienes fueron precisamente los más afectados durante los últimos años de aplicación de los modelos sustitutivos. El análisis efectuado sugiere que son amplios los márgenes de libertad para optar entre diversas combinaciones de equidad y eficiencia, y que su selección depende de las relaciones de fuerza de los diversos actores sociales y de la estructura del Estado.

La estructura, funciones y prácticas cotidianas de las familias han cambiado de manera importante por los impactos de las transformaciones demográficas, sociales y económicas en América Latina. Ante todo, sobre la base de información cuantitativa. se describe la complejidad y diversidad de la familia urbana. Luego se analizan las condiciones materiales por las que han atravesado las familias y las nuevas representaciones sobre esos cambios. Se destacan las situaciones de jefatura femenina del hogar y pobreza, violencia intrafamiliar y las contribuciones económicas de mujeres c hijos al hogar y a la sociedad. Se sugieren algunas formas de apoyo al ejercicio de funciones de los grupos familiares según tipos y etapas del ciclo de vida familiar, lo que no significa olvidar la preocupación por las funciones básicas que permiten que las familias puedan sostenerse en el tiempo: acceso a los recursos materiales y cobertura de servicios básicos; el cumplimiento de estas funciones mínimas puede ayudar a ampliar los cauces de movilidad social de las familias y a construir estructuras familiares más democráticas. Se examina también el papel de la familia en la construcción de sociedades sólidas e integradas aunque, paradójicamente, se ic atribuyen funciones y se le demandan acciones que resultan difíciles de cumplir dados los grandes cambios que ha experimentado la familia misma, la modificación del papel del Estado en la cobertura de cienos servicios, los nuevos papeles que deben cumplir sus miembros en la sociedad y ios escasos recursos internos con los que cuentan las familias en la actualidad.

En este artículo se analiza la relación entre los procesos de inlegración económica, el empleo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para ello se considera el caso de Chile, donde se da simultáneamente un proceso de internacionalización de la economía, la búsqueda de acuerdos de integración económica y la incorporación creciente de las mujeres 1 a la fuerza laboral. La relación entre los acuerdos de integra ción y la situación laboral de la mujer deriva de tres hechos. En primer lugar, los nuevos Ilujos de comercio afectan el empleo y los salarios, pudiendo existir un efecto diferenciado por género si la fuerza laboral femenina se concentra en determi-nados sectores productivos. En segundo lugar, los acuerdos de libre comercio pueden incorporar explícitamente temas de legislación laboral referida a la mujer. Finalmente, las legislaciones y condiciones laborales distintas de los países que se integran han dado pie a acusaciones de dumping social que hacen los países desarrollados a los países en desarrollo. En la sección I del artículo se analiza el efecto sobre el empleo y los salarios de un acuerdo comercial, y se describe la situación del mercado laboral femenino en Chile. En la sección II se examina lo que dicen los acuerdos comerciales respecto de la fuerza laboral femenina, y se resumen los argumentos planteados sobre el dumping social y cómo éste se relaciona con la legislación referida a la mujer. En la sección III se examinan los instrumentos que permitirían regular el impacto laboral y social de la integración en dicho mercado. Por último, en la sección IV se presentan algunos comentarios finales.

Et artículo examina la evolución rnacroeconómica del Paraguay después de 1989, fecha crítica pues marca el retorno a la democracia y el viraje hacia una libcralización de la economía. El proceso de estabilización emprendido entonces se tradujo en una evolución favorable de las variables monetarias, pero no así de la inversión y del crecimiento del producto. La combinación de cuantiosas entradas de capitales y el aumento excesivo de la demanda agregada generó un creciente desequilibrio externo rellejado en una burbuja de consumo interno. El comercio no registrado, característica peculiar de la economía paraguaya, incide en la evolución del cuadro macroeconómico y al parecer ha contribuido a agravar las tendencias mencionadas. pues también hasta 1994 hubo déficit en esc comercio. En el sector financiero el proceso de libcralización no se acompañó de un fortalecimiento de la supervisión bancada. En este contexto permisivo, el sector financiero contribuyó a la burbuja de consumo de los años noventa, a través de la proliferación de actividades riesgosas, de prestamos vinculados y del rápido crecimiento de un sector financiero informal o “negro”. La fragilización resultante de muchas entidades financieras explica que una conjunción de perturbaciones internas y externas provocara en 1995 una crisis financiera que tuvo efectos recesivos sobre toda la economía. El descuido de elementos tan fundamentales como la vigilancia del exceso de gasto y la modernización de la supervisión bancada, y la opción equivocada por un modelo importador y de comercio informal, facilitaron el aprovechamiento de una cuasi renta de privilegio por determinados grupos de interés y la formación de burbujas de consumo que contribuyeron a la crisis. Se precisa entonces una política rnacroeconómica sostenible y orientada al crecimiento. sobre la base de un proceso de innovación genuino.

Casi el 60% de los grupos no financieros más grandes de México desarrollan por lo menos dos tipos de actividades en los mercados transnacionalcs. En este artículo se describen y analizan diversas trayectorias y estrategias de intemacionalización de las empresas mexicanas. Este impulso a la internacionalización se da en el marco de una economía abierta orientada a la exportación y de la creciente integración con los Estados Unidos y Canadá. Diversos factores nacionales e internacionales, y otros propios de las empresas, influyen en las estrategias elegidas y sus resultados. El aitículo consta de una introducción (sección I) y seis secciones en las que se examinan los distintos caminos seguidos por las empresas mexicanas para convertirse en transnacionales. En ellas se identifican las empresas que han establecido filiales en países desarrollados (sección II). Se pasa revista a las que han recurrido a alianzas estratégicas que podrían llevarlas a convertirse en empresas transnacionales, y se destacan algunos casos sobresalientes de este tipo (sección III). Se describe la presencia de empresas mexicanas en los mercados de valores internacionales y la interacción que ella supone con las instituciones financieras mundiales (sección IV). Se analizan las estrategias seguidas por algunas empresas mexicanas para articular redes globales de comercio (sección V). Se examina la rápida expansión de las soluciones y estrategias que aplican las empresas para lograr una posición mundial (sección VI). Y por último se formulan algunas conclusiones en las cuales se evalúan las trayectorias y preferencias de las empresas mexicanas en su afán de convertirse en empresas transnacionalcs, los obstáculos que tuvieron que superar y las consecuencias de su gestión internacional (sección VII).

Desde el decenio de 1970. los gobiernos de la región han venido transfiriendo, de una forma u otra, empresas públicas y otras instituciones estatales al sector privado. La privatización ya se ha extendido a todos los sectores de la economía, incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado. La participación del sector privado en la prestación de estos servicios puede traer consigo importantes mejoras de eficiencia, pero no garantizará por sí sola una mejora duradera del bienestar social. porque estos servicios no se prestan en un mercado competitivo. Por lo tanto, los resultados dependerán del régimen de regulación en el que actúen las industrias, régimen cuya eficacia estará determinada por la capacidad de los gobiernos de buscar y crear condiciones institucionales y regulatorias que obliguen a que las empresas proveedoras sean eficientes y se hagan eco de las necesidades de sus clientes. El presente artículo se concentra en las cuestiones que han de abordarse al preparar un marco regulatono adecuado para el sector del agua potable y el alcantarillado.

El autor se propone demostrar la importancia que reviste la calidad para las estrategias nacionales dirigidas a mejorar la productividad y la competitividad en América Latina. En mercados cada vez más globalizados y liberalizados, la calidad es fundamental y, por lo tanto, la aplicación estratégica de técnicas de gestión de la calidad ayuda significativamente a mejorar el desempeño competitivo de los países, los sectores económicos y las organizaciones. Puesto que la competitividad contribuye al desarrollo sostenible, convendría difundir tales técnicas y aplicarlas ampliamente desde una perspectiva nacional. Ultimamente los gobiernos latinoamericanos han puesto en marcha numerosos programas para_promovcr y apoyar la (difusión de las técnicas de gestión de la calidad, ^sí, este tema tendrá una incidencia cada vez mayor en los objetivos de desarrollo social y económico de los países de la región. Se observa, sin embargo, que la introducción de innovaciones en materia de gestión total de la calidad no ha sido fácil ni rápida: por ejemplo, en América Latina las nonnas iso 9000 para los sistemas de calidad no se han difundido con la misma celeri-, dad que en otras regiones del mundo. Para el autor, el nivel de conciencia de la calidad en la región se ha visto afectado por las características de los mercados, las dificultades de acceso a los recursos, las prácticas de gestión tradicionales y las condiciones macroeconómicas, factores que pueden vincularse con las disfunciones de mercado que se producen dentro de las empresas, entre éstas y en los mercados de factores. En consecuencia, varios gobiernos han optado por promover las técnicas de gestión de calidad para realizar los ajustes necesarios ante las fallas de mercado. El artículo concluye con una reseña de las actividades realizadas en algunos países de América Latina para intensificar la difusión de los sistemas de gestión de la calidad establecidos en las normas iso 9000.