Revista de la CEPAL - Volume 2004, Issue 83, 2004

Las tesis de un vínculo obligado entre autoritarismo y progreso han sido desacreditadas por la historia. Hoy democracia y desarrollo son valores destacados, pero no indisociables, en la agenda de las naciones. El vínculo entre ellos no es dado; se construye al reconocer que la democracia se justifica per se como un valor universal que puede ser aceptado por todos. La democracia legitima las políticas públicas, al basarse en la deliberación y el equilibrio negociado de intereses, con reglas transparentes. Los procedimientos democráticos ayudan a superar dificultades coyunturales y afianzar confianzas externas. Ante los efectos asimétricos de la globalización cabe buscar la inserción internacional más ventajosa, afirmando la capacidad de plasmar por el método democrático un desarrollo no excluyente, distinto del que marcó nuestra experiencia histórica. El camino es arduo, y si no hay retribución adecuada en calidad de vida, no sólo peligra la democracia, sino que la economía no despega.

Los cambios demográficos en América Latina resultaron del comportamiento de los estratos medios y altos. Dado el nivel relativamente bajo de la fecundidad y la mortalidad en estos grupos, los cambios futuros estarían vinculados principalmente al comportamiento de los sectores rezagados. Se analiza aquí la contribución de los grupos rezagados al descenso de la fecundidad, distinguiendo entre el “efecto distribución” y el “efecto tasas”. En los sectores rezagados el número deseado de hijos es menor que el observado, manteniéndose una nupcialidad temprana y un uso restringido de anticonceptivos modernos. Aun así, estos grupos se incorporaron a la transición demográfica. Recientemente, varios países exhibieron descensos provenientes de la contribución de mujeres de bajo nivel de instrucción: en los países con transición atrasada el comportamiento es heterogéneo, mientras que en los de transición avanzada, la mayor contribución está dada por las mujeres con educación primaria.

Este artículo explora algunas de las transformaciones que experimentan los enclaves de pobreza estructural en Argentina. Frente a los numerosos estudios sobre el empobrecimiento de las clases medias, este trabajo enfoca la creciente acumulación y concentración territorial de desventajas sociales que han iniciado un proceso de segregación urbana y amenaza a estos enclaves con la exclusión. El control del espacio público en estas áreas de pobreza estructural emerge como un factor determinante de múltiples desventajas para la comunidad: aislamiento social, fragmentación interna y empobrecimiento de la cartera de activos de los hogares. A partir de un análisis etnográfico de la forma en que los jóvenes se apropian del espacio público e imponen una “cultura de la calle” con normas y prácticas propias, se explora el dinámico entramado de desventajas que actúa como motor de la exclusión para estos enclaves y sus habitantes.

En el decenio de 1990 el empleo rural no agrícola (ERNA) y los factores que lo determinan fueron despertando un interés cada vez mayor entre los especialistas en desarrollo rural. Poco a poco, en el discurso político y algunos programas de fomento se fueron incorporando consideraciones sobre este tema. La localización es uno de los aspectos mencionados en muchos estudios como un elemento que influye en las características del ERNA, entre las cuales están la magnitud, el tipo, el ingreso generado y los miembros del hogar que participan. El presente artículo recoge esas menciones y postula que la localización y las diversas “distancias” que la acompañan constituyen un elemento central del ERNA.

Este trabajo parte del debate sobre la seguridad alimentaria que ha tenido lugar después de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996. Se analiza la viabilidad de un tipo de propuesta programática que deriva de la Declaración de Roma y del Plan de Acción suscritos por los gobiernos de 148 países, y se sugiere que para llevarlo a cabo se requiere de un vínculo estructural entre la población que se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria, generalmente desprovista de voz y de capacidad de presión, y las diversas instancias encargadas de impulsar intervenciones públicas. Se plantea como hipótesis central de este trabajo que ese vínculo estructural puede construirse a partir de los agricultores familiares. Y en torno al derecho a la alimentación, se postula que la seguridad alimentaria sustentada en ese derecho es una expresión territorial de derechos ciudadanos.

El crecimiento del empleo de calidad necesario para disminuir el empleo informal y el desempleo en Perú, depende de que se acelere y diversifique la inversión privada en el sector transable. Una de las principales restricciones para acelerarla es la débil competitividad del sector transable no extractivo. En 1990-2003, la mejora de su competitividad se basó esencialmente en el descenso de los costos laborales, enfoque socialmente injusto y económicamente ineficaz. Para elevar la competitividad es indispensable un régimen macroeconómico con un tipo de cambio real competitivo y establecuya aplicación enfrenta obstáculosy el aumento de la productividad total a nivel microeconómico. Esto último debe buscarse a través de políticas microeconómicas y mesoeconómicas, siendo el principal obstáculo la visión estrecha que dominó el escenario económico en el decenio de 1990, según la cual el incremento de la competitividad se logra reduciendo los costos laborales medios.

En este artículo se examinan los intentos fallidos de introducir el mercado de aguas en Perú, en la década de 1990. Esta reforma fue frustrada al identificarse la operación del mercado con la privatización del recurso, aunque es posible introducir el mercado a base de derechos no privados con dominio pleno del Estado sobre el recurso. Se plantea que, corrigiendo estas deficiencias, es deseable crear el mercado de aguas para mejorar el sistema de asignación y gestión de este recurso y enfrentar dificultades cada vez más graves vinculadas al sistema administrativo de acceso al agua, bajos incentivos para la inversión y serios problemas de eficiencia y equidad. Se analizan las ventajas y desventajas económicas del mercado de aguas, así como los requisitos normativos y de regulación para introducir un tipo de mercado que promueva de manera efectiva una mejor asignación de este recurso en la necesaria reforma institucional.

A pesar de la positiva evolución del desempeño exportador chileno en las últimas décadas, las exportaciones siguen concentradas en pocos productos, pocos mercados y en un número reducido de empresas. En este trabajo se aborda este último punto, analizando el comportamiento exportador de las firmas. Los principales hechos estilizados de este fenómeno son los siguientes: sólo un grupo reducido de firmas es capaz de exportar permanentemente, y estas empresas muestran niveles de productividad, capital humano y tamaño muy superiores al resto de las empresas.

Este trabajo realiza una aportación metodológica y analítica a la línea de investigaciones abocadas a construir índices representativos de las capacidades tecnológicas de las empresas manufactureras mexicanas. Asimismo, examina la distribución de estas capacidades en una muestra de estos establecimientos y su asociación con variables de desempeño con base en una muestra de 1.818 empresas. Mediante el análisis factorial se identificaron cuatro factores que expresan las principales fuentes de aprendizaje en la empresa manufacturera: i) política de formación de personal, ii) innovación de mejora continua, iii) sistemas de información y documentación, y iv) inversión en nuevas tecnologías. El análisis de agrupamientos permitió identificar cuatro grupos de empresas en función de los puntos obtenidos por factor y examinar sus indicadores de desempeño. Se observó que hay una asociación positiva entre capacidades tecnológicas y desempeño en tres de los cinco índices: el margen de ganancia, la productividad laboral y el cambio técnico.

La nueva propuesta para el acuerdo de Basilea tiene por objeto armonizar de una mejor manera los requisitos de capitalización con el riesgo real que los bancos tomen. Aquí se sostiene que las nuevas propuestas podrían aumentar significativa e inadecuadamente el costo o reducir el volumen de los créditos bancarios que se otorgan a los países en desarrollo, debido a que harían mucho más estrictos los requisitos necesarios para proporcionarles capital. El hecho de que las propuestas no hayan tenido en cuenta las ventajas de la diversificación internacional implica que se está sobreestimando el riesgo a nivel de la cartera. En el presente trabajo se demuestra que, para una serie de variables (como la rentabilidad bancaria) y para una serie de períodos, el grado de correlación entre las economías desarrolladas es mayor que el que se registra entre países desarrollados y en desarrollo. También se demuestra, mediante el uso de simulaciones, que el riesgo para una cartera distribuida entre economías desarrolladas y en desarrollo es menor que en el caso de una cartera concentrada exclusivamente en economías desarrolladas. En consecuencia, instamos al Comité de Basilea a introducir explícitamente las evidentes ventajas de la diversificación internacional.

Los organismos financieros internacionales están mostrando un renovado interés por lograr que las economías emergentes mejoren la gestión del presupuesto nacional y fortalezcan la integridad de las finanzas públicas. Asimismo, están redescubriendo el papel de los parlamentos nacionales y las entidades fiscalizadoras superiores en la supervisión de los procesos presupuestarios y la rendición de cuentas en las finanzas públicas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorga a tales instituciones, para consolidar su contribución al proceso presupuestario, préstamos multilaterales con potencialidades aún inexploradas y cuya eficacia podría acrecentarse. La segunda generación de reformas de las instituciones presupuestarias mejorará su capacidad técnica y eficiencia operacional y supone tanto el fortalecimiento de la gobernabilidad de las finanzas públicas, en particular la promoción de vínculos más eficaces entre las entidades fiscalizadoras superiores y las comisiones parlamentarias de presupuesto y cuentas públicas, como la autonomía financiera e independencia política de las entidades fiscalizadoras superiores.