Revista de la CEPAL - Volume 2023, Issue 141, 2023

El 25 de febrero de 2023 se cumplieron 75 años de la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se trata de una fecha importante, no solo para la institución sino también para la región por la indiscutible influencia que la CEPAL ha tenido en estos tres cuartos de siglo en la conversación regional sobre los patrones de desarrollo regionales y mundiales, los retos del desarrollo económico y social y, más recientemente, el desarrollo sostenible.

La región de América Latina y el Caribe está sumida en tres trampas de desarrollo: una incapacidad de largo plazo para crecer, una elevada desigualdad y una baja capacidad institucional y de gobernanza. Este artículo ofrece un análisis de los retos del desarrollo alrededor de un decálogo de brechas que constituyen áreas prioritarias de acción para la política pública y los esfuerzos colectivos de transformación. A esto se agrega una undécima área relativa a cómo pasar de la situación presente a los escenarios deseables. Para esto es preciso enfocarse en los retos relativos a la gobernanza, las capacidades institucionales y los espacios de diálogo social, no solo para pensar el futuro sino también como instrumentos para la gestión del cambio y las transformaciones. Todo lo anterior define una agenda de 11 grandes transformaciones que se presenta como una visión sobre los temas prioritarios que los países de la región deberían abordar para avanzar hacia un futuro más productivo, inclusivo y sostenible.

Este artículo analiza el proceso actual de globalización desde la crisis mundial de 2008. En un contexto mundial caracterizado por un menor dinamismo del crecimiento y del comercio mundial de bienes en relación con el auge que alcanzó la hiperglobalización en las décadas de 1990 y 2000, se plantea que, más que a un proceso de desglobalización, la economía internacional asiste a un proceso de poliglobalización, caracterizado por una mayor descentralización de la gobernanza de la economía mundial, la multipolaridad y la geoeconomía y el retorno de la política industrial. En este sentido, se reivindica el legado de Prebisch en torno a la centralidad que esta política tuvo en casos exitosos de desarrollo como el de la República de Corea. Se sostiene que una política industrial exitosa debe dinamizar las exportaciones así como armonizar las relaciones Estado-mercado en términos de autonomía e integración público-privada.

América Latina y el Caribe presenta un problema estructural de bajo crecimiento, que se explica en buena medida por una productividad que no ha aumentado, e incluso ha disminuido, en las últimas décadas. Si bien para incrementar la productividad será necesario seguir trabajando en una agenda de mediano y largo plazo orientada a mejorar los “fundamentales”, en este artículo se propone una nueva estrategia complementaria de crecimiento, transformación productiva y empleo para la región basada en profundizar y mejorar la implementación de sus políticas de desarrollo productivo. Para ello, se plantean seis lineamientos que incluyen, entre otras cosas, elementos de gobernanza, y se hace especial hincapié en el “cómo”; es decir, de qué manera aplicar con éxito este tipo de políticas.

Las crisis climáticas afectarán negativamente el crecimiento ya débil y volátil de los países de América Latina y el Caribe. Para enfrentar los efectos del cambio climático se necesita una significativa inversión pública y privada en medidas de adaptación y mitigación. Esto no es fácil en una región que invierte poco y enfrenta un complejo escenario macroeconómico. Las políticas macroeconómicas y de financiamiento tienen un gran potencial para dinamizar la inversión. La política fiscal debe cautelar la inversión pública en los procesos de consolidación fiscal y potenciarla en las fases de recuperación para generar efectos de atracción (crowding-in) de inversión privada. Por otra parte, la política monetaria, coordinada con la macrorregulación prudencial, no solo debe ayudar a la gestión de la demanda interna a lo largo del ciclo económico, sino también incorporar los riesgos relacionados con el cambio climático en el ámbito del financiamiento.

América Latina y el Caribe se ha planteado lograr una integración regional. A más de seis décadas de la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el primer gran proyecto regional, los modestos resultados distan mucho del objetivo inicial. América Latina y el Caribe es una región fragmentada. Las instituciones para la integración han logrado poco y esta ha estado más presente en la retórica que en las prioridades políticas nacionales. La politización de la integración ha impedido avanzar en un proyecto regional con visión pragmática y de largo plazo. En un contexto de relocalización de las cadenas de suministro, la integración vuelve a cobrar relevancia. Considerando las realidades de los países para avanzar en un gran proyecto regional, en este artículo se proponen algunas medidas para aprovechar la deslocalización cercana (nearshoring) y preparar el camino para lograr una integración más profunda, que genere crecimiento, desarrollo y bienestar.

La sostenibilidad ambiental es un factor determinante para la viabilidad del desarrollo. América Latina y el Caribe imita un patrón de consumo y producción mundial que es insostenible y cuyas consecuencias, en forma de degradación ambiental, pérdida de biodiversidad y ecosistemas y alteraciones climáticas, afectan la calidad de vida de la población y limitan su capacidad de crecimiento. En el artículo se presentan algunos hechos estilizados del modelo de desarrollo de la región, así como la manera en que se ha tratado la sostenibilidad en el pensamiento de la CEPAL y, someramente, en otras corrientes económicas. Se concluye con algunas recomendaciones de política dirigidas a conciliar el crecimiento y la sostenibilidad ambiental, considerando la riqueza ambiental y de recursos naturales de la región, su posición en la economía internacional y la necesidad de realizar apuestas productivas que brinden un gran impulso para la sostenibilidad y fomenten transiciones justas ante el desafío del cambio climático.

A 75 años de la fundación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la reducción de los niveles de concentración del ingreso y la riqueza sigue siendo uno de los principales problemas en América Latina. En este artículo se repasan las contribuciones del estructuralismo latinoamericano y la CEPAL al análisis de la distribución del ingreso y su medición. Posteriormente, se describen las principales tendencias de la desigualdad en la región desde 1990 hasta la fecha y se plantean algunos elementos para la agenda de reducción de la desigualdad en los próximos años.

En este artículo se hace una revisión de los aportes conceptuales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a la comprensión de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe en las últimas décadas. A través del examen de la información disponible se analiza la persistencia de la división sexual del trabajo como nudo estructural de la desigualdad de género y posteriormente se presenta la propuesta de la CEPAL de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo y de organización de la sociedad —la sociedad del cuidado—, así como sus implicaciones para el diseño de las políticas públicas en la región.

La protección social fue objeto de extensos debates en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995. A lo largo de 75 años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha desarrollado una agenda que prioriza la construcción de una sociedad de derechos para avanzar hacia un desarrollo sostenible. La CEPAL sostiene que la protección social es esencial para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades e impulsar una estrategia exitosa de desarrollo social inclusivo, y promueve los sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Estos constituyen la base de los Estados de bienestar, que deberán enfrentarse a nuevos riesgos y tendencias como la transformación digital, la transición demográfica y epidemiológica, la crisis climática y los rápidos cambios que condicionan el futuro del mercado del trabajo. Es preciso establecer nuevos pactos sociales y fiscales para garantizar la sostenibilidad financiera de la protección social y avanzar hacia un desarrollo social inclusivo.

La educación es fundamental para lograr un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible, y para crear sociedades más justas y cohesionadas. A pesar de los importantes avances en términos de acceso, progresión y conclusión educativa, los países de América Latina y el Caribe enfrentan un doble desafío: acelerar los avances y reducir las brechas en las tasas de cobertura y conclusión educativas, y mejorar su calidad y pertinencia. Los avances en el acceso a educación y formación técnico-profesional no se reflejan en la adquisición de competencias que permitan a las personas adaptarse a procesos de aprendizaje y reconversión a lo largo de la vida, e incorporarse a un mundo cambiante y tecnologizado. Estos desafíos se vieron exacerbados después del prolongado cierre de las escuelas durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). La recuperación educativa requiere una transformación profunda y que se asegure la sostenibilidad financiera, junto con una institucionalidad fortalecida en la región.

En América Latina y el Caribe, donde todos los países son países de origen, destino, retorno o tránsito migratorio, está aumentando la intensidad y complejidad de la migración internacional. Los flujos migratorios se caracterizan cada vez más por la irregularidad y las personas migrantes representan uno de los grupos poblacionales más vulnerables, al ser víctimas de estigmatización, discriminación, xenofobia y racismo. Sin embargo, mediante el trabajo, el emprendedurismo, las remesas y los aportes tributarios, así como su cultura, las personas migrantes contribuyen al desarrollo sostenible. Para potenciar esas contribuciones, se necesitan políticas públicas y una gobernanza migratoria a nivel multilateral, nacional y local basada en la imbricación de la migración con el desarrollo y el cumplimiento de las obligaciones de los países en cuanto a la protección de los derechos humanos.