Fiscalización de precursores

Los Estados Miembros y la comunidad internacional han elaborado varias estrategias a lo largo de los años para enfrentar de manera integral el problema de las drogas en el mundo, incluidos programas de reducción de la demanda (prevención, tratamiento), intervenciones de reducción de la oferta (prohibición de la droga, desmantelamiento de organizaciones de narcotraficantes, programas de desarrollo alternativo, erradicación) y actividades destinadas a controlar las corrientes financieras ilícitas. Desde la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 ha cobrado importancia otra intervención fundamental para reducir la oferta: la fiscalización de precursores, es decir, la fiscalización de las sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas de origen vegetal y sintéticas. Ya en la década de 1990 el Grupo de Trabajo de Acción Química señaló que la adquisición de las sustancias químicas necesarias para fabricar drogas era uno de los pocos aspectos en que el tráfico de drogas se interrelacionaba con el comercio legítimo y que la reglamentación del comercio legítimo para negar a los traficantes el acceso a las sustancias químicas que necesitaban era uno de los instrumentos más valiosos en la lucha contra los narcotraficantes1. Esta afirmación ha adquirido incluso mayor pertinencia con el tiempo, ya que una creciente proporción de las drogas ilícitas detectadas en el mercado actualmente son drogas sintéticas a las que no pueden aplicarse las medidas de control de la oferta que se aplican tradicionalmente a las sustancias de origen vegetal, como las de desarrollo alternativo o erradicación.

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