Revista de la CEPAL - Volume 1998, Issue 66, 1998

A fines de los años cincuenta, Cuba presentaba una estructura económica con marcados rezagos tecnológicos e insuficiente desarrollo industrial. El dinamismo de la producción y las inversiones era bajo, en tamo que la distribución del ingreso revelaba sesgos concentradores marcados. Durante el periodo 1959-1989 el producto aumentó a una tasa media anual aproximada de 4% y la política económica asignó al Estado un papel relevante en la producción de bienes y servicios, con marcado predominio de la planificación sobre los mecanismos del mercado en la regulación de la actividad económica. En esa etapa, la economía experimentó trascendentes modificaciones de sus bases productivas, aun cuando repitió muchas de las deficiencias comunes de los países socialistas: sobredimensio-namiento de proyectos, incorporación de tecnologías atrasadas y descuido de la compctitividad. Así, durante tres décadas Cuba se mantuvo al margen de las enormes transformaciones que se sucedían en los mercados de Occidente. Al amparo de los arreglos con los países socialistas, el país contó con mercados seguros para sus exportaciones, una relación de intercambio favorable (algo menos en los años ochenta) y un generoso financiamiento de la balanza de pagos. Con incficiencias notorias. se incrementó el acervo de bienes de capital y se expandió la infraestructura física; se amplió la capacidad de embalses de agua, se modernizó la red ferroviaria y se construyeron autopistas, carreteras y caminos rurales. Se avanzó en la electrificación del país. Se realizaron fuertes inversiones en desarrollo de recursos humanos, particularmente en los sectores de salud, educación, cultura y deporte. El elevado contenido social de la política económica permitió avances sustanciales en los servicios básicos a la población, así como la formación de recursos laborales con calificaciones crecientes.

Aunque los gobiernos de la región lian aumentado sus gastos en salud y educación, los resultados son insatisfactorios. El gasto en esos servicios se lia considerado habitualmente como transferencia y no como inversión. La acumulación de capital humano ha sido relativamente lenta, con efectos negativos sobre el crecimiento económico y se ha distribuido en forma dispareja entre los diversos grupos de ingreso, lo que lia aumentado la desigualdad. En este artículo se examinan las causas de estos resultados. En primer lugar se describe la naturaleza del problema, aportando datos que confirman la escasa e inequitativa acumulación de capital social en la región, la que ha acentuado la desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos. Luego se discuten las causas que explican esos resultados y se pone de relieve el efecto de una débil demanda de educación entre los pobres, causada, entre otros factores, por las restricciones de su ingreso y la política antigua de protección económica. En las conclusiones se destaca que las reformas económicas han aumentado la demanda de capital social lo que eleva la rentabilidad privada de la inversión en capital humano y da origen a un renovado interés del sector privado en mejorar el sistema de educación pública. Asimismo. el sector público tiene nuevos incentivos para acometer la reforma de los sectores de salud y educación. De esc modo podría iniciarse un círculo virtuoso de una mejor acumulación y distribución de capital humano, ligadas con un crecimiento económico más equitativo.

En este artículo se analiza la reciente constitución de cuasi-mercados en la salud pública en Costa Rica, promovida mediante la separación interna de las funciones de recaudación, íinanciamiento, compra y provisión de servicios en la Caja Costarricense de Seguro Social; el establecimiento de un nuevo modelo de íinanciamiento, y la introducción de compromisos de gestión con hospitales y áreas de salud como instrumento clave para asignar y transferir recursos en función del rendimiento y cumplimiento de metas. Se examinan el contexto y el fundamento de la reforma de la gestión y se exponen tanto el nuevo modelo de fmanciamiento como los alcances institucionales y organizativos que acarrean los contratos de 1997. Se describen los compromisos de gestión de 1997 según sus énfasis, que dan un espacio importante a la innovación de procesos y al desarrollo de registros fiables sobre actividad, costos y calidad , que trasciende el simple uso de indicadores de eficiencia y eficacia. Se expone el desempeño de los hospitales y de las áreas de salud en el marco de esos compromisos y, finalmente, se reflexiona sobre las fortalezas y debilidades de las instituciones y del instrumento para optimizar la asignación de recursos. A lo largo del análisis se establece un contrapunto con la experiencia chilena.

La tesis de este artículo es que el desarrollo acelerado de América Latina y el Caribe, una región rica en recursos naturales, dependerá de la rapidez con que aprenda a industrializar y a procesar sus recursos naturales, así como a desarrollar las actividades proveedoras de insumos, servicios de ingeniería y equipos para ellos. Será. pues, un desarrollo basado no tanto en la extracción de recursos naturales, como ahora, sino a partir de los recursos naturales y las actividades que naturalmente tienden a formarse y aglutinarse en tomo a ellos (los complejos productivos o clusiers). Diferirá, por tanto, de la experiencia de los países asiáticos de industrialización reciente escasos en recursos naturales. Más bien se asemejará al de los países actualmente desarrollados con abundante dotación de recursos naturales, como los nórdicos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia.

Este artículo busca sintetizar los resultados de algunos estudios sobre la estructura y dinámica de los grandes grupos y empresas industríales de propiedad privada nacional (GGE) en cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México) y presentar elementos complementarios para ubicarlos en una perspectiva de conjunto. Tales estudios incluyen análisis individualizados de 46 empresas líderes (Brasil. Colombia y Chile) y 15 grupos económicos de base industrial (Brasil y México), así como análisis agregados sobre esos grupos en Argentina, Brasil y México. En todos los casos, los análisis se basaron en entrevistas realizadas especialmente, revisión de información estadística y documental, y utilización de información procesada previamente en la literatura sobre el lema. El alcance temporal de los estudios va desde la constitución de algunos ggu a comienzos de siglo o durante el auge de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) hasta los cambios en curso en la segunda mitad de los años noventa. El análisis se centra en la última década, es decir, desde el momento en que se acentúan los procesos de reforma estructural en la mayoría de los países cuyos GGE son objeto de estudio. El artículo tiene cuatro secciones. Después de la introducción (sección I), se presentan algunos hechos estilizados sobre el contexto de la acción empresarial en los cinco países examinados (sección 11); en seguida se analizan los principales rasgos estructurales de los ggp. y su dinámica reciente a nivel de empresa, planta y grupo (sección III), y se concluye señalando los principales desafíos que demandaría la acción de las políticas públicas, así como las posiciones en el debate actual sobre ellas (sección IV).

Fruto de la revolución mexicana, el ejido fue creado con múltiples propósitos: lograr el control político del campesino, representarlo en sus relaciones con el Estado y prestar asistencia para la producción de los minifundistas. Estos múltiples objetivos, al comienzo conciliables y base de una fructuosa etapa de crecimiento económico y de mejoramiento del bienestar, fueron haciéndose cada vez más contradictorios, lo que precipitó una crisis de grandes proporciones tanto en la producción como en el bienestar rurales. Ya en 1992, año en que se enmendó el artículo 27 de ia Constitución de 1917, el ejido se caracterizaba por una fuerte intervención estatal en sus asuntos internos, incluso en sus mecanismos de toma de decisiones, en las condiciones de acceso a los recursos públicos y en la administración del sistema de bienestar rural. Fue esta misma decadencia del sistema del ejido, en el contexto global de la libc-ralización política y económica, que aconsejó las profundas reformas iniciadas por el Presidente Salinas. Entre las reformas figuran la redefinición de las relaciones entre el Estado y las unidades familiares del sector ejidal, la reestructuración de las instituciones públicas que atienden al sector, la reforma del marco jurídico que regula el acceso a la tierra y la modificación de los instrumentos de la política agraria. En el presente artículo describiremos el impacto inicial de estas reformas sobre el sector ejidal.

En este artículo se analiza la lógica económica de la política arancelaria de Brasil durante los primeros dos años del Plan Real. Con este fin se estudian las modificaciones a las tasas del impuesto de importación para todos los productos comercializados. El proceso de reforma arancelaria de Brasil se inició en 1988, después de treinta años de vigencia de la Ley de Aranceles, y correspondió a una profundización marcada del proceso de apertura comercial con la definición de una trayectoria decreciente para las tasas arancelarias, que se intensificó a partir de 1990. El Plan Real se inició en julio de 1994 y tuvo efectos múltiples sobre la política de importaciones. El proceso de liberalización comercial alcanzó su punto máximo en el primer trimestre de 1995, reflejado en el nivel medio de las tasas y el grado de dispersión de su estructura. Desde entonces ocurrieron diversos episodios de aumento de tasas, en forma diferenciada por sectores, los que aumentaron el grado de dispersión de la estructura arancelaria. Si se excluyen dos sectores con tratamientos específicos —petróleo y automóviles—, se observa una relación directa entre el valor importado y el nivel del arancel nominal, así como variaciones pronunciadas a lo largo del período. Por otra parte, el hecho de que para algunos sectores la tasa ponderada por el valor de las importaciones fue inferior por meses a la tasa media indica que hay margen para reexaminar los niveles arancelarios en algunos casos. El artículo concluye con algunas reflexiones sobre el desempeño de la política de importaciones.